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Amnesia sobre la operación Catalunya

María Dolores de Cospedal, que fue secretaria general del Partido Popular entre el 2008 y el 2018, en la etapa más agitada del procés independentista catalán, compareció ayer ante la comisión de investigación sobre la denominada operación Catalunya que se desarrolla en el Congreso de los Diputados. Cospedal, que del 2016 al 2018 fue también titular del Ministerio de Defensa, al que está adscrito el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), negó cualquier vinculación con las irregularidades cometidas bajo gobiernos del PP por funcionarios policiales, con el conocimiento del Ministerio del Interior y la complicidad de determinados medios de comunicación, al objeto de desacreditar y perseguir a líderes independentistas catalanes, contra los que se llegaron a confeccionar y difundir acusaciones falsas.

Al igual que hicieron otros comparecientes en anteriores sesiones de la comisión, incluido el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, Cospedal enlazó ayer negaciones y desmentidos, y rechazó ser una de las impulsoras de la mencionada operación, que tildó de “ficción”, poniendo en duda su mera existencia y restando credibilidad a las grabaciones en las que aparece conversando, por ejemplo, con el comisario Villarejo, figura central en la trama político-policial que operaba desde las cloacas del Estado. Entre dichos audios se cuenta el revelado ayer por RAC1, en el que Cospedal y Villarejo se felicitan por los efectos de sus manejos en los resultados de las elecciones catalanas del 2012.

Por la tarde, subió al estrado de dicha comisión Alicia Sánchez-Camacho, que fue presidenta del PP catalán entre los años 2008 y 2017. Su línea no difirió, en lo esencial, de la seguida pocas horas antes por Cospedal. Dijo que todo era una “absoluta invención”. A pesar de que se conocen de antiguo grabaciones suyas, por ejemplo la de su almuerzo con una expareja de Jordi Pujol hijo, que estuvo en el origen de diversas acciones contra el clan del expresidente de la Generalitat.

Cospedal y Sánchez-Camacho abundan en lo dicho por Rajoy ante la comisión de investigación

Es decir, tanto Cospedal como Sánchez-Camacho sintonizaron con el ya mencionado Rajoy, que en su comparecencia del pasado día 5 negó tener conocimiento de la llamada policía patriótica y trató de desviar el foco hacia la presunta corrupción socialista. O con la del que fue su ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que ese día se expresó en términos parecidos. O con la del que fuera su secretario de Estado, Francisco Martínez, que en octubre hizo lo propio.

Todas estas declaraciones, al igual que otras escuchadas en las varias sesiones de esta comisión –la de ayer fue la decimocuarta–, chocan con la innegable existencia de operaciones contra Artur Mas, Xavier Trias u otros políticos independentistas, que sí las recuerdan perfectamente, a diferencia de sus adversarios. Con tales declaraciones se pretende, pues, afirmar algo difícil de creer: que lo que fue una operación planeada con la connivencia de políticos conservadores en el ejercicio de sus responsabilidades de gobierno y funcionarios policiales que operaban fuera de la ley se desarrolló sin el conocimiento de los más altos cargos políticos, como podrían ser el presidente del Gobierno o la que era número dos de su partido.

Es notoria la indefensión de quienes entonces fueron hostigados y acusados por faltas o delitos que no habían cometido. Y es un hecho que, pese a las pruebas disponibles contra quienes les persiguieron, las acciones legales emprendidas para resarcirles son mínimas. La Fiscalía no ha actuado de oficio y cuando alguna demanda ha llegado a los tribunales su recorrido ha sido limitado.

Los comparecientes prefieren negar culpas que contribuir a sanear la política española

Así las cosas, sería de agradecer que la comisión de investigación sobre este asunto arrojara testimonios más esclarecedores que hasta la fecha. Los comparecientes en las comisiones de investigación, avaladas por el Congreso de los Diputados, que representa la soberanía popular, no deberían olvidar nunca que su finalidad es aportar información veraz sobre asuntos de interés público. Y el temario de la comisión sobre la operación Catalunya es sin duda de interés público, porque la reacción de ciertos estamentos estatales al proceso independentista catalán presentó irregularidades inadmisibles.

Ya sabemos que las conclusiones de tales comisiones no son vinculantes para los tribunales ni afectan a las resoluciones judiciales. Pero sería muy pertinente que quienes son llamados a participar en ellas lo hicieran con el propósito de contribuir a sanear la política española, antes que con el de negar una y otra vez pruebas en su contra de tanto peso.