La Justicia ha ordenado el desalojo de un asentamiento irregular de temporeros marroquíes localizado en la finca El Uno, en el Paraje de Los Bojares de Níjar (Almería), de propiedad privada, y en el que viven actualmente unas 60 personas, incluidos 9 niños, según los datos facilitados por las ONG que trabajan en la comarca.
La orden de lanzamiento dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Almería dispone que los moradores de esta finca deberán abandonarla antes de mañana martes 25 de febrero a las 9.40 horas, momento en el que se considerarán "abandonados" los bienes que se encuentren en las instalaciones y que sus propietarios no se hayan llevado consigo.
Diferentes organizaciones que trabajan en la comarca han dado la voz de alarma ante la falta de una vivienda alternativa donde refugiar a estas personas, por lo que consideran que se está cometiendo un atropello de sus derechos. Preocupa especialmente la situación de los nueve menores de edad, que están escolarizados en la zona, y que ahora se verán probablemente desplazados y sin un destino claro. El más pequeño de ellos tiene sólo año y medio.
El Defensor del Pueblo Andaluz ha reclamado al Ayuntamiento de Níjar que actúe para, junto a otras administraciones, evitar que todas estas personas se queden en la calle, dando prioridad a las familias que tienen menores de edad a su cargo. La Oficina del Defensor, que coordina Jesús Maeztu, se ha dirigido al gobierno municipal a raíz de la queja presentada por el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) de Almería.
El Defensor recuerda en su respuesta que el Plan Estratégico para la erradicación de asentamientos informales en zonas agrícolas de Andalucía tiene por objeto no sólo acabar con estos poblados marginales de infravivienda, sino, sobre todo, ofrecer una alternativa a quienes residen en ellos.
También la Diócesis de Almería ha reclamado a las administraciones que busquen una salida para estas personas y ha condenado el "atropello de derechos" de estos inmigrantes. Concretamente, se ha pronunciado el Secretariado Diocesano para las Migraciones de Almería en un comunicado firmado junto a Cáritas Diocesana de Almería, las Hermanas Mercedarias de la Caridad (San Isidro de Níjar), el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM)-Almería), Confer de Almería, y Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC)-Almería. El desalojo, denuncian, "pisotea" la dignidad de las personas y y "vulnera sus derechos". Muestran, además, su indignación por la "falta de sensibilidad" mostrada con la ausencia de respuesta por las administraciones públicas.
Por su lado, La Plataforma Derecho a Techo considera inaceptable que estas familias sean «expulsadas de sus hogares sin ninguna alternativa habitacional". "Muchas de estas personas han vivido durante años en estas infraviviendas, en las cuales han construido un presente, no sin dificultades, que ahora se les arrebata. Manifiestan que están dispuestas a pagar un alquiler asumible, pero no encuentran ninguna opción accesible en Níjar».
Las ONG recuerdan que el Ayuntamiento de Níjar, incumplió sus promesas de ofrecer alternativas habitacionales tras el desalojo del asentamiento de Walili, en enero de 2023. «En este caso, ni siquiera están haciendo ese esfuerzo, dejando a decenas de familias a su suerte sin la mínima protección de los servicios sociales". Exigen que se dé uso a las 62 viviendas que construyó precisamente para realojar a las familias de Walili pero que, a día de hoy, siguen vacías.
Además, responsabilizan directamente a la patronal agrícola COEXPHAL, por no proporcionar alojamiento digno a los inmigrantes a los que emplea, "condenándolos a chabolas, infraviviendas y asentamientos, sin garantizar en muchas ocasiones sus derechos laborales".
La Plataforma Derecho a Techo afirma que, mientras las explotaciones agrícolas no han dejado de crecer, nada se ha planificado para dar vivienda a las personas cuyo trabajo sostiene este crecimiento económico. Además, apuntan que «el aumento de los alquileres turísticos ha agravado el déficit de vivienda asequible, afectando a toda la clase trabajadora, no solo a la clase trabajadora del campo».
Por último, el portavoz de Podemos Níjar, Fernando Sañudo, en conversación con EL MUNDO, ha explicado que el Ayuntamiento dispone de fondos para acción social pero no los emplea en buscar una solución para estas personas. Exige a este respecto que ponga en uso las 62 sociales construidas y que están actualmente vacías, para realojar a quienes lo necesiten.
Según un informe de Andalucía Acoge realizado con datos de 2022, en Níjar hay 44 asentamientos de este tipo en los que viven 1.200 personas entre ellas 83 niños. Se trata de familias que viven en situación de "extrema exclusión".